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UN REGISTRO CONTROLARÁ LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD LABORAL DE LAS CONSTRUCTORAS

Medidas de seguridadUna nueva normativa va a endurecer los requisitos de seguridad laboral para las empresas que trabajan en la construcción. Mañana martes, entrará en vigor el Registro de Empresas Acreditadas, un listado en el que las compañías estarán obligadas a figurar para poder acceder a contratos en el sector, ya sea como firma principal o como subcontratista. Las empresas que no demuestren tener un plan de prevención de riesgos en vigor ni haber formado a sus trabajadores en esta materia quedarán legalmente excluidas de cualquier obra.

La medida afecta a unas 25.000 empresas constructoras de la CAV, pero sus tentáculos se extienden hasta abarcar todo el rango de compañías que prestan servicios en obras (excavaciones, movimientos de tierra, rehabilitaciones, instalación de ascensores o sanitarios, electricidad, pintura y un largo etcétera). El registro forma parte de una ley estatal aprobada en 2006 que regula la subcontratación, y cuya meta es estrechar el cerco en torno a las compañías pirata del sector.

Como es sabido, la construcción es el sector que acumula la mayor cantidad de accidentes. En la exposición de motivos de la ley de 2006, manifestaba que diez años después de ser aprobada la ley de Prevención de Riesgos Laborales (que data de 1995) es un "hecho incontestable" que el sector de la construcción sigue sufriendo una siniestralidad laboral muy notoria, sobre todo debido a las "cadenas de subcontratación".

El Gobierno Vasco creó el registro a principios de este mes, aunque hasta mañana, 26 de agosto, no es obligatorio figurar en él. Como viene siendo habitual en los nuevos servicios puestos en marcha por la Administración vasca, el único modo para tramitar esta licencia es a través de Internet. Navarra instauró su registro el pasado 4 de junio y acepta solicitudes tanto por vía telemática como presencial.

HASTA 30.000 EUROS Para proporcionar consistencia al registro, la legislación española contempla un régimen de sanciones para las compañías que se salten la obligación de estar inscritos y, aun así, actúen en el sector. La contratación de las empresas no acreditadas está tipificada como infracción grave o muy grave, dependiendo del caso. La multa podría oscilar entre los 1.500 y los 30.000 euros.

La ley establece que el cumplimiento de la normativa será responsabilidad del empresario y, sobre todo, del contratista. A él le corresponde verificar que todas las empresas que participan en la cadena de subcontratación cumplen los requisitos legales, desde la legislación sobre seguridad a la constitución normativa. En caso de irregularidades, la responsabilidad recae, por tanto, sobre la empresa principal.
La documentación concreta a aportar por las empresas consta de un acta de constitución del servicio de prevención propio o mancomunado (seguridad en el trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada, higiene industrial y/o medicina del trabajo), un acta de designación de trabajadores y los contratos o convenios formalizados con los servicios de prevención. Asimismo, se les exigen certificados de la formación específica de los trabajadores, tanto del personal directivo como del productivo.
La creación del Registro de Empresas Acreditadas forma parte de una ley más ambiciosa que ha ido entrando en vigor gradualmente desde abril de 2007.

El Gobierno del PSOE busca con esta regulación poner límites a la subcontratación en cadena y ejercer un mayor control sobre las subcontratas. El objetivo último es luchar contra la siniestralidad laboral. El Departamento vasco de Empleo que dirige Joseba Azkarraga acogió la iniciativa con recelo, al entender que ofrecía evidentes resquicios para sortear las nuevas restricciones.

La ley estableció un máximo de tres eslabones de subcontratación, pero el Ejecutivo Vasco advirtió de que esta exigencia sólo contempla los organigramas de trabajo en sentido vertical (es decir, un contratistas que cede el servicio a un segundo, que a su vez delega en otra firma, etc.), y no pone trabas de ningún tipo a la subcontratación horizontal.

Con la ley en la mano, un promotor estaría por tanto habilitado a dividir la obra en 10 secciones distintas, y en cada una de ellas aplicar el límite de tres escalones de subcontratación. El resultado -avisaba Azkarraga- sería una cifra de 30 empresas compartiendo un mismo espacio de trabajo y todo ello con arreglo a la ley.



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